Han transcurrido más de veinte años desde que en el Consejo Europeo de Tampere de 1999 se pusiera en marcha el proyecto de construcción de una política de inmigración y asilo común. El principal objetivo era formular una política pública que fuera equilibrada y que permitiera la gestión de la inmigración legal, así como controlar los flujos migratorios irregulares a partes iguales. Además, todo ello estaría regido por el principio de solidaridad y la equidad en el reparto de la carga entre los Estados Miembros (EEMM).
