Han transcurrido más de veinte años desde que en el Consejo Europeo de Tampere de 1999 se pusiera en marcha el proyecto de construcción de una política de inmigración y asilo común. El principal objetivo era formular una política pública que fuera equilibrada y que permitiera la gestión de la inmigración legal, así como controlar los flujos migratorios irregulares a partes iguales. Además, todo ello estaría regido por el principio de solidaridad y la equidad en el reparto de la carga entre los Estados Miembros (EEMM).
La protección internacional es un derecho fundamental. España es un estado garantista en esta materia, sin embargo, tiene muchas asignaturas pendientes y cuestiones que mejorar, fundamentalmente en cuestiones relativas al acceso y al procedimiento.
