Las políticas migratorias de los países avanzados han seguido tendencias contradictorias desde la década de los noventa: los Estados han contratado activamente a los inmigrantes deseables mientras seguían disuadiendo y excluyendo a los no deseados. El caso del Estado japonés no sólo representa esta tendencia, sino que también muestra un caso profundamente paradójico en el sentido de que ha negado oficialmente la incorporación de “inmigrantes” de forma sistemática aunque ha construido múltiples canales de oferta laboral transnacional para sus necesidades urgentes. Sobre todo porque Japón ha mantenido las políticas divergentes en medio de la conocida crisis demográfica con el envejecimiento de la población.
