Las políticas migratorias de los países avanzados han seguido tendencias contradictorias desde la década de los noventa: los Estados han contratado activamente a los inmigrantes deseables mientras seguían disuadiendo y excluyendo a los no deseados. El caso del Estado japonés no sólo representa esta tendencia, sino que también muestra un caso profundamente paradójico en el sentido de que ha negado oficialmente la incorporación de “inmigrantes” de forma sistemática aunque ha construido múltiples canales de oferta laboral transnacional para sus necesidades urgentes. Sobre todo porque Japón ha mantenido las políticas divergentes en medio de la conocida crisis demográfica con el envejecimiento de la población.
Los desplazamientos de personas pueden generar situaciones de apatridia. En este artículo se analiza el ordenamiento español, así como su interpretación. España cuenta con normativa que previene el nacimiento de estos supuestos a nivel legal. Ahora bien, existen aún casos de apatridia fáctica que están siendo eliminados a través de la interpretación de los órganos administrativos y judiciales. También se han abordado por el Comité de Derechos Humanos y del TEDH y del TJUE.
La protección internacional es un derecho fundamental. España es un estado garantista en esta materia, sin embargo, tiene muchas asignaturas pendientes y cuestiones que mejorar, fundamentalmente en cuestiones relativas al acceso y al procedimiento.
